La Unión Europea está decidida a poner freno a una de las prácticas más impopulares entre los viajeros frecuentes: el cobro adicional por llevar equipaje de mano en cabina.
Esta semana, la Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento Europeo aprobó una reforma que obligará a las aerolíneas a permitir que los pasajeros suban a bordo una maleta pequeña y un artículo personal sin coste extra. Se trata de un cambio normativo de gran alcance que podría transformar el modelo de tarifas en el transporte aéreo europeo, especialmente para las compañías de bajo coste.
La medida especifica que los pasajeros tendrán derecho a transportar en cabina una pieza de equipaje de mano con un volumen máximo de 100 centímetros y hasta 7 kilos de peso, además de un artículo personal —como un bolso o mochila pequeña— de hasta 40 por 30 por 15 centímetros.
Este nuevo marco legal apunta a estandarizar criterios que hasta ahora variaban según cada aerolínea, lo que generaba confusión, reclamos y gastos imprevistos.
El dictamen también contempla excepciones importantes para grupos vulnerables. Los menores de 12 años que viajen acompañados podrán llevar su propio equipaje sin cargos adicionales, y las personas con movilidad reducida tendrán garantizado el derecho a transportar sus dispositivos de apoyo sin tener que pagar por ello. La decisión representa un avance significativo en la defensa de los derechos del pasajero y en la búsqueda de condiciones de viaje más justas y accesibles.
Una batalla entre instituciones y aerolíneas por el equipaje de mano
Este giro legislativo llega después de meses de tensiones entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Mientras que en junio varios países miembros, entre ellos Alemania, Portugal, Eslovenia y España, respaldaban que las aerolíneas pudieran seguir cobrando por el equipaje que se ubica en los compartimentos superiores, ahora el Parlamento ha optado por ir en la dirección opuesta y declarar la práctica directamente ilegal.
La votación en la Comisión de Transportes fue interpretada como un acto de equilibrio entre el interés del consumidor y las necesidades comerciales de las empresas, pero también como una toma de posición firme frente a las tácticas de recargo oculto.
En España, donde ya en 2023 se sancionó a cinco compañías aéreas por esta práctica con multas que superaban los 170 millones de euros, la noticia fue recibida con entusiasmo por asociaciones de defensa al consumidor. Para ellas, se trata de una victoria largamente esperada y alineada con el fallo que en 2014 dictó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, estableciendo que el equipaje de mano razonable debía considerarse parte esencial del transporte de pasajeros y no estar sujeto a sobrecostos.
Sin embargo, desde el sector aéreo se alzaron voces críticas. La asociación Airlines for Europe (A4E), que representa a las principales aerolíneas del continente, expresó su preocupación por lo que consideran una interferencia en la libertad tarifaria de las empresas.
Según argumentan, esta imposición podría obligar a reconfigurar los precios de los pasajes más económicos, afectando el modelo low cost que ha facilitado que millones de europeos puedan volar en los últimos años.
Un cambio que aún debe sortear varias instancias
Si bien el paso dado por el Parlamento Europeo es decisivo, el nuevo marco normativo aún no es definitivo. La propuesta deberá ser votada por el pleno del Parlamento en el mes de julio, y luego entrar en una fase de negociaciones con el Consejo y la Comisión Europea. En esa instancia, podrían surgir ajustes o concesiones para asegurar su aprobación final. Aun así, todo indica que la tendencia es avanzar hacia una mayor protección del consumidor y una mayor transparencia en los procesos de compra de pasajes aéreos.
En paralelo, la medida también incluye otras reformas complementarias. Entre ellas, se plantea que los menores de 12 años tengan derecho a sentarse junto a sus acompañantes adultos sin tener que pagar un suplemento.
También se prevé la implementación de un formulario estándar de reclamaciones para simplificar los procesos de quejas, así como la obligación de ofrecer información más clara y precisa sobre precios, cambios de vuelo y reembolsos. Todo esto forma parte de una estrategia más amplia que busca garantizar un servicio más justo y previsible para los millones de pasajeros que utilizan el transporte aéreo en Europa cada año.
La expectativa es que, si se logra superar las instancias legislativas restantes, la normativa entre en vigor en julio de 2025. A partir de entonces, todas las aerolíneas que operen dentro del territorio europeo deberán adaptarse a las nuevas reglas, lo que implicará una transformación significativa en su política de tarifas y servicios. En este contexto, será clave que las autoridades regulatorias aseguren una implementación efectiva y sin lagunas que permitan que las compañías eviten la norma mediante subterfugios técnicos.
Una medida con impacto global
Aunque la normativa aplica exclusivamente a los vuelos dentro del espacio europeo, su impacto podría extenderse más allá del continente. Muchas compañías que operan vuelos internacionales, como Ryanair, EasyJet o Wizz Air, podrían optar por aplicar las nuevas reglas de forma más amplia para simplificar su operativa y evitar sanciones. De este modo, los beneficios para los pasajeros podrían alcanzar también a quienes viajan desde otras regiones, incluyendo América Latina, hacia o dentro de Europa.
La decisión también abre el debate sobre qué medidas podrían adoptarse en otras regiones del mundo frente a los recargos por servicios básicos. En América Latina, donde las políticas de equipaje también son objeto de controversias frecuentes, la legislación europea podría convertirse en un modelo a seguir o, al menos, en un argumento de presión para una regulación más clara y equitativa.
Mientras tanto, millones de pasajeros siguen pagando suplementos inesperados por llevar una maleta pequeña a bordo. Con esta reforma en marcha, la Unión Europea busca mejorar la experiencia del viajero, y también fijar un estándar global que reconozca al equipaje de mano como un derecho, no como un privilegio sujeto a tarifas ocultas.
